Cláusulas Suelo



¿Qué son las cláusulas suelo?

Las cláusula suelo o túnel, es aquella cláusula incorporada en un préstamo, habitualmente con garantía hipotecaria, que impide a su titular, ante un escenario de bajada de los tipos de interés como el actual, beneficiarse de tal bajada, ya que dicha cláusula suelo garantiza la aplicación de un interés mínimo a favor del banco entre un 2% y un 5%. Mis mandantes se encuentran dentro de esta horquilla, teniendo que soportar indebidamente un mínimo del 2,5%.

En estos momentos, en que los tipos de interés variable del Euribor están por debajo del 1% muchos clientes bancarios que han suscrito un préstamo hipotecario supeditado a este tipo de cláusula, no puede beneficiarse de una rebaja de sus cuotas hipotecarias. Esto conlleva una evidente mala praxis bancaria, puesto que la evolución de los tipos de interés era conocida de antemano, y lo que se ha tratado de buscar por parte de las entidades bancarias ha sido rentabilizar al máximo esa información a costa del cliente.

La denominada clausula techo consiste en que en el supuesto de que los tipos de interés subiesen, los clientes bancarios se verían protegidos, de tal forma que nunca pagarían más de un 15%. Este tipo de interés fijado es completamente irreal y desproporcionado, pues en el actual sistema de Índice Aplicable (EURIBOR 12 MESES), es inviable alcanzar tal cifra.

La cláusula suelo suele estar redactada de forma ambigua, oscura e incomprensible en tanto que nadie comprende los riesgos que realmente se asumen, pues como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013:

“[…] Se afirma que “las cláusulas suelo no pueden estar enmascaradas en-
tre informaciones abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificul-
tan su identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado aislada-
mente sería claro”. En los casos enjuiciados no se cumplen los requisi-
tos de transparencia exigibles, porque “las cláusulas examinadas, pese a
incluirse en contratos ofertados como préstamos a interés variable, de hecho,
de forma razonablemente previsible para el empresario y sorprendente para
el consumidor, les convierte en préstamos a interés mínimo fijo del que difí-
cilmente se benefician de las bajadas del tipo de referencia”. Y continúa: “la
oferta como interés variable, no completada con una información adecuada,
incluso cuando su ubicación permite percatarse de su importancia, se revela
así engañosa y apta para desplazar el foco de atención del consumidor sobre
elementos secundarios que dificultan la comparación de ofertas […]”.

De conformidad con el citado artículo 7 de la Ley de CGDC las consecuencias de dicha ambigüedad, oscuridad y carácter incomprensible son que no quedan incorporadas al contrato, requiriéndose para que surta dicho efecto respecto de las incomprensibles que si fueron expresamente aceptadas por escrito por el adherente que es necesario que no se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.- Y en este supuesto las cláusula mencionada claramente es incomprensible y opaca, difícil de interpretar y susceptible de no incorporar a ningún contrato.

Con independencia de la falta de información existe otro elemento fundamental que acredita el carácter abusivo de estas cláusulas es el desequilibrio existente entre el “techo” y el “suelo” fijado por la entidad financiera, que recordemos es quien se encuentra en mejor predisposición para su ponderación por su privilegiada posición de actora principal en los mercados. La bajada de los tipos de interés en los últimos años ha puesto de manifiesto la desigualdad de las partes contratantes en evidente perjuicio para el consumidor. Si los suelos son altos y los techos también altos, la entidad financiera, se alza en una posición aventajada pues asume un mínimo o insignificante riesgo profesional, mientras que el usuario se ve perjudicado porque la bajada de los tipos está limitada para él por la cláusula suelo. Y en cambio, la subida se encuentra poco limitada con el consiguiente desequilibrio de los contratantes.

Resulta ingenuo sin duda apelar a la libre voluntad de las partes para la aceptación o rechazo de la cláusula suelo. De una parte, porque el 87% de los usuarios hipotecados no fue informado por su Banco de la inclusión de la citada cláusula al formalizar su préstamo hipotecario. Y, de otra, tal y como se deduce de la constatación efectuada por el Banco de España en su informe emitido a solicitud de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en relación con la moción 662/73 aprobada por el Pleno del Senado, publicado en la edición del Boletín Oficial de las Cortes Generales de 7 de mayo de 2010 (páginas 12 a 26), la creciente instalación de las cláusulas de limitación en las escrituras, permite concluir que el prestatario no podrá eludir en ningún caso su incorporación si pretende acceder a un diferencial competitivo.

El propio Banco de España (vid. Informe del Banco de España, BOCG, Senado no 457, p. 19, punto 3.3) ya reconocía el desequilibrio existente entre las partes derivado de este tipo de cláusulas cuando manifestaba: “En todo caso, y sean cuales sean las causas y explicaciones que subyacen en la determinación de los umbrales o de las acotaciones, lo cierto es que, en la mayoría de los casos, no ofrecen una protección efectiva para los clientes particulares del riesgo de subida de los tipos, debido a los altos niveles que alcanzan los techos”.

Este desequilibrio convierte la citada cláusula en abusiva por aplicación del artículo 82 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y por tanto ha de ser sancionada con la nulidad de pleno derecho y tenerse por no puesta en el contrato.

Sobre el mencionado desequilibrio se ha pronunciado la Jurisprudencia, citando entre otras la reciente sentencia 373/2012 de la Audiencia Provincial de Cáceres de fecha de 18 de Julio de 2012 [AC 2012/1460]:

“A nuestro juicio, la clave no sólo está en esa posibilidad de estudiar la co-
rrespondencia entre el valor de las prestaciones ofrecidas por las partes,
cuando la desproporción sea notoria como en este caso, sino, sobre todo, en la
buena fe. La buena fe es un canon de lealtad, rectitud, honestidad o correc-
ción, una pauta de conducta que debe presidir el comportamiento de los con-
tratantes a través de un conjunto de reglas no escritas pero conocidas por
todos, que generan una confianza en que el otro contratante actuará con la
misma honestidad y lealtad. En este caso, la buena fe se proyecta en la fase
de redacción y celebración del contrato y obliga al predisponente a “tratar
leal y equitativamente a la parte adherente, cuyos intereses legítimos tiene
que tener en cuenta”, como se expone en el considerando 14 de la Directiva
93\13. En el ámbito de la LGDCU, la buena fe presenta, como se señala en
la doctrina, un auténtico perfil institucional, en cuanto al aceptar una cláu-
sula predispuesta de carácter general se proyecta sobre un grupo de poten-
ciales consumidores, convirtiéndose en un auténtico patrón de enjuiciamien-
to de la validez de las estipulaciones contractuales.

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