Recientemente la prensa financiera ha publicado que el consejo de Gobierno del Banco de España ha impuesto una sanción de 3 millones de euros a Abanca por “distintos incumplimientos” relacionados con la información precontractual proporcionada a sus clientes.
Esta resolución se refiere en concreto a la información relacionada con los gastos y costes de las operaciones de préstamos hipotecarios y la inclusión de esos datos en el cálculo de la Tasa Anual Equivalente (TAE).
La multa ha sido tipificada como “grave” y es firme en vía administrativa.
Esta noticia a la que ya estamos acostumbrados, constata que las entidades financieras incumplen sistemáticamente la normativa aplicable con tal de lograr sus objetivos.
Desgraciadamente, los supervisores de las autoridades europeas no dan crédito a la operativa constante de irregularidades de las entidades españolas.
A pesar de la prolija jurisprudencia, el desprecio de la Banca española a la normativa no puede limitarse a pequeñas sanciones, sino que se ha de tomar medidas contundentes para evitar que se perpetúe el abuso bancario.
