Recientemente el Gobernador del Banco de España, Luis Linde, reconoció en el Congreso que “Fue una mala decisión dejar al Popular sanearse por sí mismo. Aunque hizo un esfuerzo por sanearse, no fue suficiente porque su situación era demasiado grave.”
En el año 2012 Oliver Wyman aseguraba que Popular tenía unas pérdidas latentes por su cartera de créditos de entre 15.078 y 22.374 millones. De ese rango, entre 9.500 y 13.000 son consecuencia de su exposición al sector promotor. La consultora consideraba que la entidad puede absorber minusvalías con la generación de recursos propios por entre 15.775 y 19.151 millones. Con esto de fondo, el banco, que contaba con una capitalización bursátil de 3.483 millones, tendría un exceso de capital de 677 millones en el escenario más cómodo y un déficit de 3.233 millones en la situación más adversa (sería alguno más).
El informe de Oliver Wyman obligó al Banco Popular a suspender el pago de dividendos y a anunciar una ampliación de capital, lo cual llevo a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) a tener que suspender la cotización de sus acciones en el mercado bursátil (el 1/10/2012).
Durante los movimientos societarios desarrollados posteriormente consistentes en ampliaciones de capital, en tres ocasiones y en reducciones de capital se evidenciaba que el banco no podía solucionar el problema que se avecinaba.
El año 2012 fue un punto de inflexión pues el banco, ya desde el año 2008, tenía problemas con los activos tóxicos provenientes del ladrillo que no podía digerir y llevaba desde entonces haciendo una política de patada hacia adelante.
De esta situación, el supervisor era plenamente consciente y no se hizo nada, nada se informó de la realidad financiera del Popular a los bonistas y accionistas del banco que, apenas hace un año, vieron como perdieron todo su dinero.
Siendo esto así y siendo reconocido por el Gobernador del Banco de España, ¿nos podríamos plantear si existe una responsabilidad por parte del supervisor por no hacer los deberes y no haber intervenido? Y ¿para qué sirven las auditorías?
Lo que sí está claro es que los damnificados por esta decisión deben acudir a los tribunales a reclamar lo que les pertenece porque entendemos que han sido vilmente engañados, pero no desde el año 2016, sino mucho antes.
