El lunes 15 de septiembre de 2008, el banco de inversión Lehman Brothers solicitó acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU y protagonizó la mayor caída de una empresa en toda la historia generando una crisis financiera en todo el planeta.

Los responsables del caso de la mayor bancarrota de la historia, valorada en 639.000 millones de dólares, no han respondido. Apenas se han recuperado 22.000 millones y, en el mejor de los casos, se espera alcanzar los 65.000 millones, uno de cada diez dólares.

Han transcurrido diez años desde entonces y parece que fue ayer.

Los reguladores, el mercado, las instituciones han ido generando instrumentos de todo tipo para evitar una situación parecida en el futuro, pero ¿lo han conseguido?

Yo entiendo que no. En España hemos sido testigos de primera mano de las consecuencias de una crisis financiera, consecuencias atroces de las que aún no nos hemos recuperado.

Millones de personas han visto cómo sus ahorros, inversiones, empresas, viviendas han desaparecido de la noche a la mañana por las consecuencias de la crisis del sistema financiero.

Como bien es sabido, la última tragedia bancaria ha sido la intervención del Banco Popular, que ha afectado a 305.000 personas. Esta vez, mediante la decisión de una institución comunitaria, la Junta Única de Resolución (JUR), que velando por el interés del sistema, decide intervenir la entidad por un problema grave de liquidez, siendo amortizadas las obligaciones y las acciones del Banco y posteriormente siendo vendido por un euro al Banco Santander.

La conclusión que se alcanza es que la solución del sistema financiero ante una crisis de una institución bancaria es que directamente la padezcan los de siempre, sin que los responsables asuman ningún tipo de consecuencia.

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