La banca española ha aprovechado la oportunidad ante mayor crisis española de la Democracia para limpiar su riesgo financiero con autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Un tercio de los préstamos concedidos han servido para reestructurar y renovar financiaciones anteriores dejando sin liquidez de nuevo a sus clientes y trasladando el riesgo al Estado, que somos todos. Esto, unido a las comisiones de apertura, productos asociados como seguros de vida e imposición de tipos de interés más alto, es una mala praxis bancaria.
Ese no es el espíritu de Real Decreto, pues la banca se está salvando en la sombra para cumplir futuros criterios de solvencia que hoy le cuesta mucho alcanzar o no alcanza.
Esta mala praxis, unida a las medidas de flexibilización acordadas por el Banco Central europeo permitirá a las entidades financieras españolas lograr más recursos para invertir en sus propios intereses, como el incremento de su autocartera, cuando en realidad la idea original trataba de inyectar la liquidez mayor posible a todo el mundo posible.
Para Vallverdú Abogados, la línea lógica a seguir es la propuesta portuguesa: supervisar la conducta de la actuación bancaria en los próximos meses e imponer las correspondientes sanciones a aquellas entidades que no hayan llevado a cabo correctamente la concesión de la financiación; es decir, aquellas que se hayan dedicado a reestructurar o renovar deuda e imponer comisiones abusivas.
Creemos que cabe la posibilidad de solicitar daños y perjuicios a aquellas entidades que hayan llevado a cabo operaciones consistentes en renovar o restructurar financiación anterior vulnerando lo acordado en el Real Decreto.
