Los peritos del Banco de España emiten su informe del Popular.
Las conclusiones del informe del Popular no encajan con los hechos probados por los peritos en su informe

Dos peritos, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romero, presentan el pasado 8 de abril un informe pericial sobre las cuentas del Banco Popular, según el auto dictado por el juez magistrado de la sección 4 del juzgado de instrucción el día 15 de febrero anterior.

Al estudiar con detalle el informe del Popular, me surgen muchos interrogantes: para empezar, la conclusión que se alcanza no se corresponde con los hechos probados en su informe .

Según los peritos, la causa de la resolución de la entidad se atribuye a tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre, sin embargo, en diferentes pasajes del informe del Popular se menciona de forma detallada la situación delicada de la entidad.

¿Por qué en ese informe del Popular, al apreciarse numerosas irregularidades que evidencian una situación de insolvencia, se afirma que la resolución del banco obedeció a una fuga de depósitos?

En apenas unas horas tengo la enésima vista del fenómeno Banco Popular. Repasando el informe presentado por la defensa del Banco Santander, hallo notables coincidencias entre las conclusiones alcanzadas por Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romero en su informe del Popular y las conclusiones alcanzadas por los peritos contrarios. Estos últimos afirman que el banco cumplía toda la normativa bancaria exigida, que la Auditora PwC realizaba unas auditorias inmaculadas, que el folleto informativo de la ampliación de capital del 2.016 reflejaba la imagen fiel de la empresa y que el banco era una entidad sólida y solvente, aunque las premisas sean totalmente diferentes.

En este sentido, desde la sana crítica y el debido respeto hacia los autores del informe del Popular, debemos decir lo siguiente:

Los peritos del Banco de España Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romero, alcanzan la conclusión de que el banco era viable a pesar de:

1.- Que el Banco Popular contara con numerosas irregularidades contables.

2.- Que el Banco Popular no provisionó correctamente su morosidad inmobiliaria.

3.- Que el Banco Popular ocultó su verdadera situación patrimonial.

4.- Que el Banco Popular si hubiera reflejado su auténtica situación en 2012, es posible que hubiese precisado ayudas públicas para cumplir los requerimientos de solvencia.

5.- Que Luis Linde, exgobernador del Banco de España, dijo en el Congreso en abril de 2018 que «quizá fue una mala decisión» no inyectar capital público en 2012, cuando se rescataron las cajas de ahorros. Los peritos lo corroboran y señalan que, al no conseguir que una entidad de «prestigio» le hubiera inyectado el capital necesario, lo tendría que haber hecho el supervisor a través de una «fuerte» inyección de dinero público.

6.- Que los responsables del Banco Popular ocultaron las refinanciaciones. «Las cuentas anuales que se reflejaban en el folleto de la ampliación de capital no respetaban determinados aspectos de la normativa contable, en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso. En nuestra opinión, las cuentas de 2015 no respetaban determinados aspectos del marco contable del Banco de España siendo la corrección parcial de algunos de ellos lo que causó las pérdidas a diciembre de 2016«(página 439 del informe).

7.- Que los criterios contables de los responsables de Banco Popular superaron las auditorias elaboradas por PwC sin salvedades sin tener en cuenta que dicha auditora está siendo investigada por el ICAC, que ha acreditado que actuó sin independencia, con lo que conllevará importantes sanciones y, lo más importante, que sus informes auditores serían inválidos. 

8.- Que el Banco Popular llevó a cabo la ampliación de capital con unas cuentas que contemplaban unas expectativas alejadas de la realidad. Los peritos del informe del Popular afirman que: «(…) demasiado optimistas, en especial la evolución prevista de dudosos lo que, unido a la baja cobertura planificada para los adjudicados, invalidaba las estimaciones de cobertura, pérdidas y solvencia de este documento«.

9.- Que los gestores del Popular se negaron a admitir que tenían que elevar las coberturas de sus morosos.

10.- Que Banco Popular presentaba debilidades en su control interno tal como fue detectado «por una inspección del Banco Central Europeo«

11.- Que el propio Banco en un hecho relevante de 3 de abril de 2017 afirmó que: «no nos es posible cuantificar el impacto de los incumplimientos a la normativa» en diciembre de 2016, «por la sobrevaloración de las tasaciones, pero creemos que se puede tomar como máximo la estimación incluida en el plan de negocio aprobado el 31 de mayo de 2017 en el que se cuantificaban pérdidas de ese año por 1.915 millones por las provisiones de inversión crediticia y adjudicados de 4.180 millones. Este importe, al igual que los 5.254 millones registrados en 2016, estaba vinculado en su mayoría a activos inmobiliarios y créditos concedidos a empresas de este sector durante la fase expansiva de la economía que finalizó abruptamente en 2007«.

Este extremo es la esencia del fenómeno Banco Popular desde el ejercicio 2007, año tras año, hasta su resolución.

12.- Que antes de la ampliación de 2015 los peritos del informe del Popular señalan que «las cuentas del 2015 no respetaban determinados aspectos del marco contable como la liberación de provisiones de adjudicados con un recorte del 10% y a la aplicación de criterios sobre identificación y clasificación de refinanciaciones que se había comunicado a la entidades en 2013 en el marco del MoU [ memorándum de entendimiento por sus siglas en inglés] firmado por España para la restructuración del sistema financiero«.

13.- Que los peritos indican que fue de «especial relevancia la identificación de refinanciaciones y su clasificación contable puesto que si no se identifican adecuadamente los créditos dudosos no es posible para los terceros valorar la política de la entidad en la cobertura de activos puesto que desconoce la base de los activos que precisan cobertura».

14.- Que los peritos apuntan que la falta de control interno adecuado no permitió detectar «el uso de tasaciones no acordes con la política contable interna«. «Esta debilidad de control interno tiene otras manifestaciones como son los ajustes sobre las garantías, la liberación de las provisiones existentes en el momento de la adjudicación o el posible incumplimiento» del decreto Guindos I (normativa bancaria que obligaba a reconocer pérdidas inmobiliarias con más realismo) «en una nueva inspección del Banco Central Europeo sobre los adjudicados de la entidad realizada en el ejercicio 2017″.

15. – Que la falta de control interno provocó, según los peritos, que no se puedan cuantificar los deterioros de los activos financieros y no financieros, «pero estimamos que el impacto era significativo«, mantienen.

16.- Que, según los peritos, en diciembre de 2016, se esperaban deterioros para 2017 de 1.700 millones. «En cambio, el 31 de mayo de 2017, con la nueva dirección«, bajo la presidencia de Emilio Saracho, «preveía pérdidas en el ejercicio de 1.915 millones para completar el saneamiento de los activos y retornar la normalidad a los beneficios mediante unos cargos por deterioro en ese año de 4.180 millones«.

17.- Que, según los peritos del informe del Popular «si el crédito refinanciado se hubiese clasificado en dudoso en 2014, las correcciones por deterioro correspondientes, que se realizaron en parte en 2014, 2015 y 2016, se hubiesen producido íntegramente en ese ejercicio resultando en pérdidas en 2014 y mayores beneficios en los años siguientes. Esto último es un ejercicio teórico, puesto que no es posible saber qué hubiera pasado al dar estas pérdidas. Es posible que el banco hubiese precisado ayudas públicas para cumplir los requerimientos de solvencia lo que hubiese implicado un plan de restructuración al igual que el resto de bancos recapitalizados en el entorno del MoU«.

18.- Que la razón por la que no se incrementaron las coberturas de los morosos la explican los propios autores: «A diciembre de 2016, una razón para diferir el saneamiento de los activos adjudicados es que incrementar su cobertura hasta el 50% implicaría pérdidas mayores, en torno a 1.880 millones, lo que podría provocar una crisis de la entidad similar a la producida en el segundo trimestre del 2017«.

19.- Que en los informes elaborados por la CNMV se acredita que el Banco Popular no reflejó la imagen fiel de la empresa en las cuentas del año 2016.

20.- Que no se contempló la financiación de adquisición de acciones en la ampliación de capital.

21.- Que Banco Popular creó estructuras societarias, “vehículos”, para refinanciar irregularmente a sociedades quebradas.

22.- Que la ampliación de capital de 2.012 fue para cubrir pérdidas, no para reforzar la solvencia de la entidad.

23.- Que 41 ex altos cargos del Banco Popular están siendo investigados por conceder créditos para la adquisición de acciones y ocultar la situación inmobiliaria desde el 2014.

Conclusión

La conclusión que alcanzamos con estos breves apuntes es que, a pesar de que las premisas de las que parten los autores del informe del Popular, que afirman entre líneas que el banco podía ser insolvente desde hacía muchos años. porque no reflejaba su imagen fiel: su resolución obedeció a una fuga de depósitos.

Para que el silogismo no sea inválido, dada la manifiesta insolvencia disimulada durante una década por los responsables del Banco Popular mediante artificios contables, la consecuencia, no la causa, fue la fuga de depósitos que conllevó la intervención del Banco.

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