El pasado mes de septiembre, todos los medios de comunicación se hicieron eco de que el Gobierno de Estados Unidos y JP Morgan habían alcanzado un principio de acuerdo a fin de saldar los expedientes por los abusos de la burbuja inmobiliaria: la entidad bancaria se comprometería a abonar una cifra récord de 13.000 millones de dólares.
La cifra de la sanción supondrá más de la mitad de los beneficios del banco neoyorquino. Un tercio de la suma acordada con el Gobierno federal se dedicará a compensar a los afectados por los desahucios.
El acuerdo alcanzado por JP Morgan se basa en las múltiples denuncias presentadas por el Gobierno de EEUU para proteger a los usuarios estafados por esa entidad durante los años de la burbuja inmobiliaria.
El origen de la multa descansa en varios expedientes abiertos al banco por vender a los inversores productos financieros relacionados con las hipotecas basura, sin advertir del riesgo que asumían al comprarlos.
El caso de JP Morgan no es aislado; otras entidades financieras, como Citigroup, UBS ya habían alcanzado acuerdos con el Gobierno estadounidense sobre el fraude de las hipotecas.
Igualmente, los medios de comunicación recogieron la noticia de que JP Morgan iba a compensar a grandes inversores con 3.340 millones de euros. ¿Qué se pretende con este dinero? reparar las pérdidas que sus grandes clientes sufrieron con los activos que se les vendieron vinculados a hipotecas subprime.
Las firmas demandantes que recibirán al fin la compensación habían acusado a JP Morgan de haberles engañado sobre la calidad de la deuda que compraron. Engaño, vicio, trampa: esas son las palabras, no otras, que denuncian este tipo de realidades.
Es curioso que al otro lado del Atlántico resulte, por el contrario, tan difícil llevar a cabo este tipo de medidas. Con la prolija legislación existente y la evidente mala praxis bancaria desarrollada por todas las entidades durante estos últimos años, las instituciones españolas, sin embargo, con tanto o más poder que sus homónimas norteamericanas, no están haciendo nada. La consecuencia: el desamparo en el que dejan a miles de familias españolas ante los mercados, toda vez que han esquilmado sus ahorros: de pequeñas familias, de sueldos modestos, el fruto de una vida.
La persona afectada por esta situación ha de acudir de forma imperativa a los juzgados para demostrar el engaño sufrido, para poder recuperar su dinero y, si cabe aún lo más importante, para poder descansar.
En el día a día de la sala presenciamos constantemente cómo las entidades bancarias no informaron correctamente a sus clientes de los productos que contrataron ni de sus consecuencias.
A pesar de haber sido una comercialización generalizada, hemos de ir caso a caso demostrando el error padecido.
Entiendo que las instituciones supervisoras deberían tomar ejemplo de este tipo de reparaciones y exigir el cumplimiento de la normativa bancaria a las entidades financieras para evitar, en el futuro, un nuevo abuso.
De momento seguiremos acudiendo cada día a los juzgados defendiendo los derechos de nuestros clientes y obteniendo sentencias estimatorias como hasta la fecha para resarcir los perjuicios causados.]]>
