El nuevo titular del juzgado central de Instrucción número 4 también reclama mediante una providencia al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, el expediente elaborado por PwC y su socio auditor por la contabilidad del Popular de 2016.

El pasado octubre, la CNMV informó de la apertura de diligencias por una infracción “muy grave” al Popular, a sus consejeros ejecutivos, a los miembros de su comisión de auditoría y a su director financiero, si bien puntualizaba que suspendía su tramitación al haber un proceso penal abierto por los mismos hechos.

El expediente abierto por el ICAC a PwC alude a los aspectos de las cuentas anuales de 2016 a los que se refirió la comunicación efectuada por la entidad al mercado el 3 de abril de 2017, cuando anunció que introducía ajustes de hasta 630 millones de euros.

La defensa del Banco Popular niega la mayor, argumentando que las cuentas del Banco estaban bien y que voluntariamente decidió corregirlas tratando de desacreditar el informe de la CNMV y del ICAC, argumentando que no son relevantes y que la auditoría PwC dio de paso las cuentas año a año sin salvedades.

El argumento estrella de la defensa de Banco Popular consiste en que fue intervenido por la autoridad europea únicamente por falta de liquidez y no por un problema de solvencia.

Nada más lejos de la realidad, Banco Popular venía arrastrando desde el año 2011, tras la integración del Banco Pastor, un importante problema de solvencia cuyos inicios se remontan al año 2007.

Esperamos que la documentación requerida por la Audiencia Nacional al ICAC acredite que la auditoría llevada a cabo por PwC no era correcta y que las cuentas formuladas por el Banco Popular no reflejaban la imagen fiel de la empresa.

Es una táctica habitual del Banco Santander y de los bancos en General desacreditar aquellos informes públicos que evidencian sus malas praxis. De forma reiterada las defensas de las entidades argumentan que toda su operativa es correcta conforme a la normativa del Banco de España y cuando acreditamos sus irregularidades, trasladan su responsabilidad a los supervisores.

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