Hemos empezado el curso judicial con unas declaraciones muy interesantes de don Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, en su comparecencia en el Congreso.
Don Gonzalo afirmó en el Congreso, que investiga la crisis financiera, entre otras cosas, lo siguiente: “La manera menos costosa de resolver un banco es acordar la venta de sus activos y pasivos a otra entidad. Aquí es clave la seguridad jurídica para el comprador. Si tras un proceso de resolución, el comprador se puede ver obligado a responder por las contingencias generadas por actuaciones del banco rescatado, es probable que decida no acudir al rescate, privando al mecanismo de resolución de la alternativa más eficiente. En función de cómo se desarrollen las responsabilidades del último proceso de resolución habido en España“, en referencia al Santander con el Popular, “es posible que no aparezca ningún voluntario para hacerse cargo de la próxima entidad con problemas, sea en España o en Europa“. “Por tanto, en mi opinión, es prioritario desarrollar legislación que libere de responsabilidades heredadas al comprador de un banco en proceso de resolución“.
Don Gonzalo olvida de forma consciente que el año pasado 305.000 personas perdieron todo su dinero de la noche a la mañana sin obtener compensación alguna y ahora su prioridad es cómo desarrollar un sistema para recuperarlo.
Muchas de los afectados del Banco Popular son clientes de entidades bancarias y, entre ellas, Caixabank. La consecuencia obligada de las declaraciones de Don Gonzalo es que los que padecieron el atropello del Banco Popular, acudieran a su sucursal más cercana de la Caixa y cerraran su cuenta de forma inminente.
Podríamos calificar estas declaraciones de muchas formas y me imagino que a muchos afectados se les ocurrirán miles de ellas, pero no se puede permitir que personas que ostentan estos cargos puedan soltar este tipo de comentarios.
¿Dónde está la seguridad jurídica del comprador de productos financieros colocados por la banca española? En la última década en España, millones de personas han padecido la seguridad jurídica de la banca sufriendo traumáticas consecuencias: contratos de permutas financieras, reestructuraciones de deuda, preferentes y obligaciones subordinadas, valores Santander, cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios, obligaciones convertibles, acciones de Bankia y ahora acciones y obligaciones de Banco Popular.
Lo que se acredita con estas declaraciones es que la música sigue sonando y que no hemos aprendido nada de nada y que a pesar de la regulación financiera, la Banca continuará actuando de la misma manera, como lo ha hecho siempre, con el mismo objetivo, y sin importarle las consecuencias que se deriven.
